La Ley N° 28216 otorga protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los conocimientos tradicionales colectivos de los pueblos indígenas. A través de esta norma se crea la Comisión Nacional para la Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas (en adelante Comisión Nacional contra la Biopiratería), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
 
En esta Ley, para efectos de su aplicación, se entiende por biopiratería: “el acceso y uso no autorizado y no compensado de recursos biológicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas por parte de terceros, sin la autorización correspondiente y en contravención de los principios establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las normas vigentes sobre la materia”.  Asimismo,  indica que esta apropiación puede darse a través del control físico y mediante derechos de propiedad sobre los productos que incorporan estos elementos obtenidos ilegalmente.

La Comisión Nacional contra la Biopiratería es de carácter multisectorial, estando representada por once instituciones y dos representantes de la sociedad civil. Entre sus funciones está hacer seguimiento a las solicitudes de patentes de invención concedidas en el extranjero con fines de protección contra actos de biopiratería. Asimismo, interpone acciones de oposición o de nulidad contra las solicitudes de patentes de invención concedidas en el extranjero que se relacionen con material biológico o genético del Perú o los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y nativos, y remite informes semestrales de los casos estudiados a la Presidencia del Consejo de Ministros, realizando recomendaciones en las instancias del Estado competentes.